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  Defensa de los derechos colectivos  
 

Presentación
Quienes Somos
Análisis de las capacitaciones
Relleno Sanitario Curva de Rodas
Parque Ambiental la Pradera
Conclusiones y recomendaciones
Enlaces

 

 

PRESENTACION


Desde mediados del siglo XX las ciudades colombianas han sufrido un incremento considerable en su población. El crecimiento industrial, el desempleo en las zonas rurales y los desplazamientos voluntarios y en la mayoría de los casos forzados contribuyeron a esta tendencia. Las nuevas ciudades modificadas en sus hábitos, arquitectura y paisaje exigieron la construcción de obras públicas de infraestructura que dotaran de los servicios públicos necesarios a sus habitantes. Los asentamientos humanos crecían de forma caprichosa ocupando espacios no urbanizados, laderas y propiedades privadas ociosas. Así el reclamo por los servicios públicos domiciliarios se hizo evidente y la atención del Estado urgente aunque en la mayoría de los casos escasa o tardía. Dotar las ciudades, ahora fragmentadas, de los servicios de agua potable y energía eléctrica fue la principal preocupación; luego el tema del alcantarillado y las vías de acceso constituyeron necesidades prioritarias de las administraciones locales a partir de la década comprendida entre 1975 y 1985. Esta nueva composición urbana, unida al auge de las tendencias internacionales en materia de protección del medio ambiente, los recursos naturales y el entorno ecológico generaron el espacio propicio para reflexiones sobre el saneamiento básico y la necesidad de adoptar medidas de planificación eficientes y acordes con los requerimientos actuales. Medellín, la segunda ciudad en importancia en Colombia, se enfrentó, como otras ciudades del país, al problema de la disposición de los residuos sólidos a mediados de la década comprendida entre 1970 y 1980. Para entonces, la ciudad contaba con 1.163.868 habitantes, producía 41 toneladas diarias de basura, aproximadamente, y no existía un sitio único para su depósito y disposición final. A partir de entonces, los residuos sólidos, su disposición y aprovechamiento se han convertido en un problema de salubridad pública y aún de orden social. Inicialmente se depositaban en las riberas del Río Medellín y quebradas tributarias, en las escombreras y lotes no construidos; después fueron llevados al sector de Moravia constituyéndose en un botadero a cielo abierto; y finalmente en 1984 se inauguró el primer relleno sanitario del país, en terrenos de los municipios de Bello y Copacabana, en cercanías de la quebrada Rodas, denominado Relleno Sanitario Curva de Rodas. El relleno fue destinado como único lugar para la recepción de residuos sólidos en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, algunos municipios del oriente y suroeste antioqueño. La existencia del Relleno Sanitario Curva de Rodas por espacio de 18 años, algunos errores en su operación y las relaciones poco avenidas entre políticas públicas, planeación, control y comunidades afectadas han generado en la ciudad de Medellín en los últimos cinco años un ejercicio permanente de reflexión, en algunos casos confrontación y sobre todo construcción acerca del manejo adecuado de los residuos sólidos. A partir de la entrada en operación del Relleno Sanitario Curva de Rodas y especialmente durante su etapa final, previa a la clausura y cierre definitivo, se evidenciaron fuertes y definitivas afectaciones al medio ambiente y por consiguiente al derecho a gozar de él en condiciones de salubridad y dignidad. Aguas contaminadas, aire descompuesto, flora y fauna destruidas, unidos a la proliferación de plagas y vectores generaron insalubridad y afectaciones a la salud de los habitantes cercanos al relleno. La administración local autorizó la construcción de vivienda de interés social a escasos metros del relleno sanitario y la comunidad permaneció pasiva la mayor parte del tiempo de operación del relleno, mientras sufría los deterioros del medio ambiente. Los habitantes de Medellín, hoy, empiezan a construir el concepto de lo colectivo y los medios más eficaces para su defensa. E identifican a la participación activa en los proyectos y decisiones que lo afectan como la mejor forma de defender el medio ambiente. Este informe pretende presentar el resultado de un trabajo de 6 meses con diferentes fuentes y actores involucrados con el problema del tratamiento de residuos sólidos en la ciudad de Medellín. Se propone como un estudio de caso a partir del Relleno Sanitario Curva de Rodas, y de sus efectos luego de transcurrir un año desde su cierre. Sin embargo, en su estudio encontramos necesario abordar el caso del Parque Ambiental la Pradera, ubicado en el Municipio de Don Matías, donde actualmente se depositan y tratan las 2.000 toneladas diarias de residuos sólidos que producen el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y algunos municipios cercanos. La alusión permanente a este parque, dentro del informe, obedece al propósito de hacer claridad acerca de un problema que no tuvo su origen ni su final en la curva de rodas, sino en las condiciones modernas de las ciudades y en la cohesión que logremos construir entre sus habitantes y la administración a partir de establecer coherencia entre: Políticas públicas, sistemas y órganos de control, prestación eficiente del servicio público de aseo y saneamiento básico y cultura ciudadana. Planteamos y analizamos además los resultados de la capacitación que sobre el tema desarrollamos con diferentes sectores de la población, con la seguridad de entender la educación y las propuestas de la ciudadanía como camino necesario a recorrer en la búsqueda de soluciones frente al deterioro del medio ambiente. La búsqueda de información sobre el tema, tanto en fuentes primarias como secundarias nos llevó a encontrar diferentes posturas, análisis y propuestas. Las comunidades más afectadas, los jueces los concejos municipales, la Asamblea Departamental de Antioquia, el Área Metropolitana, la Contraloría General de la República, Corantioquia, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, los medios de comunicación y la academia han jugado y seguirán jugando un rol trascendente en este proceso de construcción de soluciones adecuadas. La pertinencia, importancia y utilidad del trabajo se sustentan al evidenciar su actualidad en lo local y aún a nivel nacional e internacional. La defensoría del Pueblo ha proferido 10 resoluciones defensoriales relacionadas con el tema en los siguientes casos: Magic Garden – El Botadero de San Andrés, septiembre 13 de 2002, El servicio público de aseo, recolección, transporte y disposición final en un sector del Departamento de Cundinamarca. Botadero Mondoñedo, Bojacá Cundinamarca, agosto 12 de 2002. Servicios públicos en 22 municipios del departamento del Atlántico, octubre 10 de 2002. Situación del servicio público de aseo, recolección, transporte y disposición final en Armenia Quindío, noviembre 26 de 2002. Disposición final de los residuos sólidos en el área metropolitana de Bucaramanga del Departamento de Santander, julio 17 de 2003. Situación del servicio público de aseo, recolección, transporte y disposición final en san José de Cúcuta, abril 24 de 2003. Disposición final de residuos sólidos en los Municipios del Norte y Occidente del Departamento del Huila, febrero 8 de 2002. Disposición final de residuos sólidos en el Municipio de Leticia Amazonas, enero 16 de 2004. Situación del servicio público domiciliario de aseo y disposición final de residuos sólidos de Medellín y otros municipios del Departamento de Antioquia, marzo 25 de 2003. Y algunas ciudades como Quito en Ecuador, y Lima en Perú afrontan problemáticas casi idénticas y hasta consultan la experiencia de las Empresas Varias de Medellín (Empresa que construyó y operó el RSCR y construyó el Parque Ambiental la Pradera). Agradecemos a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a través de MSD Colombia Ltda., y a la Universidad de San Buenaventura Seccional Medellín, que cofinanciaron este proyecto.

 

QUIÉNES SOMOS

El proyecto Propuesta pedagógica para la defensa de los derechos colectivos a partir de un análisis de caso: El relleno sanitario Curva de Rodas ha sido desarrollado por la Facultad de Derecho de la Universidad de San Buenaventura Seccional Medellín, con el auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional (USAID), a través de Management Sciences for Development Inc. (MSD Colombia). El proyecto fue seleccionado en la convocatoria dirigida a las universidades colombianas por el Programa de Derechos Humanos de USAID/MSD, en julio de 2003. Esta convocatoria invitaba a formular proyectos para contribuir al desarrollo de los objetivos y componentes del programa de derechos humanos. El grupo de trabajo identificó el problema de la afectación al derecho a un ambiente sano y su defensa como vital para la ciudad de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Y eligió el tratamiento de residuos sólidos como fuente importante de afectaciones al derecho colectivo mencionado. Con el proyecto el grupo de trabajo se proponía trabajar dos líneas. La primera investigativa para: Describir y analizar el caso del Relleno Sanitario Curva de Rodas. Identificar el proceso de construcción del concepto de lo colectivo para las comunidades directamente afectadas. Analizar las estrategias de defensa utilizadas por la comunidad frente a las perturbaciones al derecho a un ambiente sano. Establecer líneas de relación ente políticas públicas, control, prestación eficiente del servicio público de aseo y saneamiento básico y cultura ciudadana. La segunda línea proponía capacitar a mil ciudadanos en formas de participación y defensa de derechos colectivos. Grupo de trabajo que desarrollo del proyecto
Investigadoras principales María Cristina Gómez Isaza. Abogada. Doctora en Derecho Universidad de Navarra, docente universidades de San Buenaventura Seccional Medellín, de Antioquia y Pontificia Bolivariana. Norma Cecilia Nieto Nieto. Abogada. Especialista en Derecho de los Negocios. Docente universidades de San Buenaventura Seccional Medellín, de Antioquia y Eafit. Co Investigadoras Aceneth Serna Ramírez Antropóloga. Abogada. Docente Universidad de San Buenaventura Seccional Medellín. Lina Marcela Estrada Jaramillo Abogada. Docente Universidad de San Buenaventura Seccional Medellín. Auxiliares de Investigación Mónica Isabel Hernández Ríos. Egresada Facultad de Derecho Universidad de San Buenaventura Seccional Medellín. John Jairo Camargo Ceballos. Estudiante Universidad de San Buenaventura Seccional Medellín. Wilson Alberto Zapata Quintero. Estudiante Universidad de San Buenaventura Seccional Medellín. Catalina Macías Garcés. Estudiante Universidad de San Buenaventura Seccional Medellín. Juan David Hurtado Restrepo. Estudiante Universidad de San Buenaventura Seccional Medellín. Yenesit Palacios Valencia. Estudiante Universidad de San Buenaventura Seccional Medellín. Juan Esteban Aguirre Espinosa. Estudiante Universidad de San Buenaventura Seccional Medellín. Sandra Patricia Hernández Díaz. Estudiante Universidad de San Buenaventura Seccional Medellín. Interventor César Castillo Dussán. Director del Programa de Derechos Humanos USAID/MSD. 

 

ANÁLISIS DE LAS CAPACITACIONES 

A. POBLACIÓN OBJETO
El proyecto estuvo dirigido a tres grupos de población: Frente a los actores institucionales (tanto públicos como privados), tenemos: los funcionarios del Relleno Sanitario Curva de Rodas y del Parque Ambiental La Pradera de Empresas Varias Medellín y sus diversos contratistas, los funcionarios judiciales que fallaron la acción de cumplimiento y que conocen actualmente de la acción popular, los jueces de primera y segunda instancia ante quienes se interpuso la acción de tutela. El segundo grupo lo conformaron miembros de la comunidad directamente involucrada en el caso del Relleno Sanitario Curva de Rodas y actualmente del Parque Ambiental La Pradera, que fueron fuente primaria para la recolección de información. Un tercer grupo estuvo dirigido a capacitar 30 líderes para que iniciarán procesos de replica en sus comunidades y 1.000 ciudadanos elegidos de la comunidad afectada por el Relleno Sanitario Curva de Rodas y el Parque Ambiental La Pradera, otras comunidades vulnerables como estudiantes de universidades y de colegios, integrantes de las juntas de acción comunal, empleados públicos, miembros de la rama judicial y docentes.

B. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y RESULTADOS  
A continuación presentamos los resultados de las jornadas de capacitación llevadas a cabo entre los días 27 de abril al 4 de junio de 2004. Es de anotar, que en términos generales se cumplieron las expectativas iniciales propuestas desde el proyecto, las cuales tendían a despertar entre las personas capacitadas, un interés por el conocimiento de los derechos colectivos y de las garantías constitucionales para su protección, así como por tener una visión general acerca de los mecanismos de participación de las comunidades. En las tablas que aparecen en la parte superior mostramos los resultados anunciados teniendo en cuenta que de las 1.000 personas que se esperaba capacitar se especifican 709 capacitadas a junio 4 de 2.004, fecha en la que se elabora este informe. Las restantes corresponden a algunos compromisos ya adquiridos y agendados que no pudieron evacuarse antes de las vacaciones de mitad de año. Además de las personas que serán capacitadas en el simposio programado para la última semana de julio. Las distintas universidades que fueron convocadas para recibir la capacitación sobre la defensa, protección y prevención de los derechos colectivos fueron muy receptivas e interesadas en el tema. A partir de estas sesiones recibimos aportes importantes sobre investigaciones que se desarrollan desde otras disciplinas sobre el tema. (Biólogos, Botánicos, trabajadores sociales, ingenieros, etc.). Además de la participación de los estudiantes, en estas jornadas en las universidades, se hicieron presentes también profesores, funcionarios de la Contraloría Departamental y Municipal, funcionarios de Dismacol (Unión Temporal que opera en El Parque Ambiental La Pradera el proceso de biotecnología), líderes comunitarios de la Pradera, funcionarios del Hospital Pablo Tobón Uribe, quienes mostraron gran interés en replicar la capacitación dentro de sus dependencias. Los colegios más receptivos para recibir la capacitación fueron los públicos, quienes adelantan en sus instituciones proyectos sobre el manejo de los residuos sólidos como "Separito" programa educativo de Empresas Varias de Medellín para la cultura del reciclaje. En estas instituciones educativas existen proyectos y grupos ecológicos quienes serían los responsables de replicar la capacitación a los grados inferiores. La comunidad más activa para recibir la capacitación fue la de La Pradera, quienes empiezan a construir el concepto de lo colectivo a partir de las molestias ocasionadas por el "Parque Ambiental La Pradera", mientras que la comunidad de la Curva de Rodas ( Luna Lunera, Estación Primera, Los Ciruelos) se encuentra bastante dispersa y en desacuerdo con algunos lideres que intervinieron para tratar de resolver el problema que les estaba generando el relleno sanitario Curva de Rodas. La comunidad de Luna Lunera fue quien más obstáculos presentó para la capacitación, incluso antes de realizarla se debió hacer una capacitación previa con los líderes. De otro lado, la programación tuvo que realizarse en dos oportunidades, pues no se presentó el personal suficiente. El grupo de jueces y empleados judiciales destacó la importancia del proyecto desde lo pedagógico, como un paso importante hacia la formación de una cultura de todos los habitantes del la ciudad en el manejo adecuado de los residuos sólidos. Resaltaron también la importancia de entender el problema como el resultado de desacuerdos entre las políticas públicas, los órganos de control y las empresas prestadoras de los servicios públicos de aseo y saneamiento básico. Desde la judicatura se plantearon además observaciones sobre el derecho al ambiente sano, y el desarrollo sostenible, como preocupaciones urgentes en la época actual.

 

EL RELLENO SANITARIO CURVA DE RODAS

A. DESCRIPCIÓN DEL CASO
Hacia la década de 1.970 la ciudad de Medellín no tenía un vertedero (botadero) oficial en el cual podía arrojar y dar tratamiento a los residuos sólidos que producía su población. Para ese entonces, los lugares destinados para tal fin eran las laderas del Río Medellín, a la altura del Puente de Barranquilla. En esa época de manera no oficial, fue destinado el sector de Moravia para el deposito de los residuos sólidos producidos en la ciudad, este lugar ubicado al nororiente de la ciudad, rápidamente se convirtió en el principal foco de contaminación e insalubridad de Medellín. La zona además de ser el basurero de la ciudad se convirtió en un lugar de encuentro de unas 300 familias, desplazadas de pueblos antioqueños y chocoanos que obtenían de allí su sustento, reciclando el material que se podía recuperar. El barrio Moravia se denominó "el basurero" o "los Tugurios", y mostraba que la ciudad de Medellín, no tenía una política pública con respecto a la basura y al tratamiento de los residuos sólidos, y éste problema se solucionaba por vías naturales, pues las corrientes del río Medellín generalmente hacían desaparecer esos residuos. En 1.982 la firma norteamericana Geeley and Hansen, presentó el diseño del futuro sitio de disposición de basuras para Medellín y el Área Metropolitana. Diseño que se propuso bajo la técnica de relleno sanitario, que garantizaría un manejo técnico de las basuras y sería la forma de corregir los errores cometidos desde los años 70´S en el manejo de las mismas. En el año de 1.983 se decidió que el terreno más apropiado para un relleno sanitario, era el ubicado en la autopista Medellín – Bogotá entre los municipios de Copacabana y Bello, en el barrio Fontidueño, propiedad del Señor Marco Tulio Velásquez. El terreno era una zona campestre, (comuna 6 de Bello) cuyos habitantes, provenían del campo y mantenían una estrecha relación con el lugar, pues de éste derivaban su sustento. Las tierras de esta comuna estaban ubicadas en zona rural del municipio y estaban conformadas por fincas, el agua que los abastecía era de la quebrada Rodas que atravesaba el sector; el paisaje se componía de árboles frutales, jardines y cultivos que evidenciaban el uso rural del ambiente. El 23 de Noviembre del año de 1.984 comienza a operar el Relleno Sanitario Curva de Rodas, de propiedad de Empresas Varias de Medellín, con una vida útil de doce años. Allí se depositarían los residuos sólidos de catorce (14) municipios del Departamento de Antioquia: diez (10) del Valle de Aburrá: Medellín, Bello, Barbosa, Girardota, Itagui, Sabaneta, Caldas, Copacabana, Envigado y La Estrella; tres (3) del Oriente cercano: Rionegro, El Retiro, Guarne y del Suroeste, el municipio de Fredonia. Con el paso de los años, la cantidad de desechos producidos por los catorce municipios del Departamento de Antioquia, fue aumentando de acuerdo con el crecimiento demográfico de la población. Tal es así, que para el año 2001, en el Relleno Sanitario Curva de Rodas se depositaban diariamente 2.400 toneladas de basura. (Ver tabla al final sobre toneladas de desechos dispuestas en el RSCR). La vida útil del relleno sanitario Curva de Rodas se estableció inicialmente en doce años hasta 1996, luego, gracias a la adquisición de un lote aledaño, conocido como "lote Merino", por parte de Empresas Varias de Medellín se amplió por cinco años más, hasta diciembre 31 de 2001; posteriormente se prolongó por ocho meses, es decir a 31 de agosto de 2002 y su cierre final fue el 4 de junio de 2003. Con la idea de la temporalidad del relleno, se proyectaron edificaciones de unidades residenciales en el sector. Estas unidades fueron ofrecidas como viviendas de interés social, entre ellas: Estación Primera (1996), Los Ciruelos (1996 - 2003 2° etapa) y Luna Lunera (1998). Al ser habitado el sector aledaño al relleno, se empezaron a percibir algunos impactos al medio ambiente tales como: proliferación de plagas, agrietamientos del terreno, fetidez en el entorno, presencia de vectores, aves de rapiña y roedores; contaminación de fuentes de agua y del aire, que generaron en la población cercana enfermedades como bronquitis, asfixias, gripas, alergias y brotes. Estas afectaciones recaían principalmente en la población infantil, e igualmente incidió en el grupo humano en general quien sufrió menoscabo en su calidad de vida; a ello se le añadió la sensación de miedo y peligro dada la incertidumbre en la estabilidad de dicho relleno, que se encontraba cerca a los tubos de conducción de la Planta de Potabilización de Agua Manantiales. El daño ambiental fue tomando mas fuerza en la medida en que cada vez se veían mas afectadas diferentes comunidades por el impacto ambiental y visual. Las normas técnicas de operación se estaban violando y la quebrada Rodas que atravesaba el relleno, se constituyó en el principal medio conductor de vectores que afectaron de forma notoria la calidad de vida con respecto a la salud de los vecinos. La Urbanización Luna Lunera, proyecto de vivienda de interés social, pasó a ser la comunidad mas afectada por ser la más cercana al relleno. Los municipios que depositaban sus residuos en el Relleno también contribuyeron a la agudización del conflicto, el crecimiento demográfico de éstos, fue demandando mayor capacidad y vida útil del relleno. El conflicto se hizo aún más urgente con el deslizamiento ocurrido en el relleno sanitario de "Doña Juana" en Bogotá y la intoxicación del río Tunjuelito en el año de 1.999. Con este antecedente, se exigió el cierre del relleno Curva de Rodas por parte de las habitantes del sector, máxime cuando ya había sido aplazado su cierre por cinco años más. La comunidad se organizó mediante veedurías e instauró acciones tendientes a la protección de sus derechos a la salud, a la vida y al ambiente sano, mediante mecanismos como las acciones de Tutela, de Cumplimiento y Popular. A pesar del activismo la comunidad, no obtuvo resultados eficaces: las sentencias de tutela ordenaron trasladar a las familias a otras viviendas que garantizaran los derechos vulnerados; la acción popular se convirtió en un proceso lento, pues se instauró desde el 6 de abril de 2001 y hasta el momento, marzo 20 de 2004, se continúa en la fase de recolección de pruebas; y a pesar del inminente incumplimiento de la Resolución 5649 de 2002 por parte de Empresas Varias de Medellín, donde se establecía la fecha de cierre definitivo del Relleno Sanitario Curva de Rodas, la acción de cumplimiento fue negada por el Tribunal Administrativo de Antioquia y luego concedida por el Consejo de Estado cuando ya se había establecido el Parque Ambiental La Pradera para la disposición final de los residuos sólidos. Sólo hasta el 4 de junio de 2003, se cerró de manera definitiva el Relleno Sanitario Curva de Rodas, para dar paso a un nuevo sitio de disposición final de las basuras el "Parque Ambiental la Pradera", ubicado en el municipio de Don Matías.

B. COMUNIDADES AFECTADAS

· Urbanización Luna Lunera (Copacabana) · Urbanización Los Ciruelos (Bello) · Urbanización Alcalá (Bello) · Urbanización Estación Primera (Bello) · Barrio Machado (Bello) · Barrio Fontidueño (Bello) 

AÑO  TOTAL DESECHOS DISPUESTOS(TONELADAS)
1984 
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
14.425.90 
185.755.80
217.683.70 
234.170.40
264.569.50
284.857.70
287.478.90
317.738.80
372.738.80
434.855.80
533.767.41
581.110.34
597.708.16
629.637.00
713.187.86
716.789.89
732.187.86
716.789.89
699.105.75
 TOTAL 7.818.003.77

PARQUE AMBIENTAL LA PRADERA 

A. DESCRIPCIÓN
El 5 de junio de 2003 entró a operar en el Municipio de Don Matías a 55 Kilómetros de Medellín por la carretera al nordeste, "El Parque Ambiental La Pradera", en un terreno de 290 hectáreas adquirido de los sucesores de Liborio Mejía y Oscar Vélez. Desde el comienzo, este "Parque Ambiental" presentó algunos tropiezos no sólo por la legalización de sus predios, sino también porque Corantioquia (Corporación autónoma regional del centro de Antioquia) ya había otorgado licencia para la explotación minera. Sin embargo, se empezaron a realizar todas las obras necesarias con el fin de adecuar allí el lugar para la disposición final de las 2.000 toneladas diarias de basuras, que producen los municipios que depositan en él, entrando en operaciones cuando no se encontraban totalmente terminadas las condiciones locativas e infraestructura para la operación de los residuos sólidos, por lo cual se consideró "precipitada e inadecuada" su inauguración oficial. Desde el inicio de operaciones del parque ambiental se presentaron dos impactos derivados del transporte de los residuos sólidos: el deterioro de la vía debido al continuo rodamiento de vehículos de alto tonelaje, así como el aumento de los tiempos de desplazamiento en el trayecto debido a la gran cantidad de vehículos y las bajas especificaciones de la vía. Sumado a lo anterior, aunque su nombre hace alusión a un Parque Ambiental, se producen algunos impactos ambientales considerables producto del enterramiento de las basuras en el Vaso de la Carrilera. Estos impactos se evidencian fundamentalmente en afectaciones al aire, al suelo, y a las aguas de este sector. Estas últimas recorren un corto trecho para desembocar al río Porce, a una distancia aproximada de 300 metros desde el paso de la carrilera. Actualmente, Empresas Varias de Medellín afronta las dificultades derivadas de la polémica desatada por la Contraloría de Medellín al decir que La Pradera no podría operar adecuadamente por más de cuatro años, cuando la administración municipal anterior había publicitado una vida útil de 100 años, y la intoxicación masiva de 21 operarias que separan manualmente las basuras en La Pradera. El sitio web de las Empresas Varias de Medellín anuncia la generación de 480 empleos directos en el Parque Ambiental la Pradera, así como una inversión social para el año 2003 de 3.000 millones de pesos, y la continuidad de la inversión según la cantidad de toneladas depositadas en los años siguientes en: escuelas, centros de salud, vías, puentes y programas sociales. Sin embargo la misma entidad reconoce que en la actualidad cumple con los estudios de impacto ambiental para el Centro Integrado de Residuos Sólidos en el terreno conocido como El guacal, ubicado cerca de San Antonio de Prado en jurisdicción de los Municipios de Medellín y Heliconia, con una extensión de 700 hectáreas, 130 de ellas en Medellín, y las 570 restantes en Heliconia. Según la evaluación de la empresa con relación a Rodas este Centro podría tener una duración entre 40 y 50 años.

B. COMUNIDADES AFECTADAS  

· Municipio de Barbosa · Municipio de Santo Domingo · Municipio de Don Matías

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES
El estudio de caso del Relleno Sanitario Curva de Rodas permitió al equipo de trabajo establecer diferentes conclusiones derivadas de su análisis y del trabajo con las comunidades involucradas en el proyecto pedagógico para la defensa y protección de los derechos colectivos. Presentamos las conclusiones en forma de grupos así: Derivadas de la observación directa del caso, originadas en el análisis de la normatividad nacional e internacional vigente sobre la protección ambiental y relacionadas con la cohesión entre políticas públicas, estrategias de control y cultura ciudadana. Derivadas de la observación directa del caso La construcción de una obra pública, o privada para atender necesidades públicas conlleva siempre la preocupación por los efectos que puede generar sobre los habitantes del territorio y el entorno donde se construirá y desarrollará el proyecto. Los estudios de jmpacto ambiental y los planes de prevención y mitigación del daño, unidos a las estrategias de participación ciudadana pretenden lograr el máximo beneficio social con el menor costo ambiental y colectivo. En el caso del Relleno Sanitario Curva de Rodas se presentaron algunos desajustes en la concepción y desarrollo del proyecto que no permitieron conseguir los objetivos mencionados: Desde el punto de vista técnico y político dos aspectos adquieren relevancia en la configuración del daño ambiental generado por el relleno sanitario curva de rodas: el primero tiene que ver con la utilización de las tecnologías Combeima y Duitama para el tratamiento de los residuos y el segundo con la elección y preparación de un nuevo lugar para el tratamiento de residuos sólidos de forma oportuna ante el vencimiento de la vida útil del proyecto, para que la orden de cierre se hubiera desarrollado sin traumatismos mayores. Algunos expertos consultados en el desarrollo de la investigación sostienen la inconveniencia de las tecnologías elegidas, o al menos de la forma como fueron aplicadas, e identifican este aspecto como determinante para los deterioros ambientales producidos por el relleno. La falta de concordancia entre las decisiones de los organismos de control y las estrategias técnicas de la empresa pública que construyó y operó el relleno generaron la tardanza en el cierre definitivo del proyecto y en consecuencia mayores afectaciones al medio ambiente Con la idea de la temporalidad del relleno, se proyectaron y autorizaron edificaciones de unidades residenciales de interés social en su zona de influencia. Tales son las urbanizaciones Estación Primera, Los Ciruelos y Luna Lunera. Al ser habitado el sector aledaño al relleno, se empezaron a percibir algunos impactos al medio ambiente tales como: proliferación de plagas, agrietamientos del terreno, fetidez en el entorno, presencia de vectores, aves de rapiña y roedores; contaminación de fuentes de agua y del aire, que generaron en la población cercana enfermedades como bronquitis, asfixias, gripas, alergias y brotes. Estas afectaciones incidieron en la población que se asentó en el área de influencia del proyecto y recayeron principalmente en la población infantil, población que sufrió menoscabo en su calidad de vida; a ello se le añadió la sensación de miedo y peligro dada la incertidumbre en la estabilidad del terreno y la estructura del relleno, que se encontraba cerca a los tubos de conducción de la Planta de Potabilización de Agua Manantiales. Las comunidades cercanas al relleno, además de soportar el deterioro del ambiente, evidenciaron como respuesta a las compensaciones recibidas por parte de las Empresas Varias de Medellín un problema nuevo: la administración de los recursos y la vigilancia de los veedores. En la actualidad existen demandas en contra de algunos líderes comunitarios por imprecisiones y deficiencias en el manejo de los recursos suministrados por la empresa dueña del proyecto. El problema del vertimiento y tratamiento de las basuras en Medellín ha estado presente desde los orígenes de la ciudad, y como una preocupación de la administración pública desde los años setenta del siglo XX. Los habitantes de la ciudad no han tenido la cultura sobre el correcto manejo de los residuos. Las autoridades locales (Alcaldes y Concejos, Área Metropolitana, y Corantioquia) han definido las políticas públicas para dicho manejo y para la protección del medio ambiente en épocas muy recientes lo que dificulta determinar su coherencia pertinencia, claridad y eficacia. Hoy treinta años después de las primeras manifestaciones de interés de la administración sobre el tema, podemos destacar como las más relevantes las siguientes políticas: La construcción de un relleno sanitario y de un parque ambiental aparejada de algunas campañas educativas. La elaboración de un Plan Maestro para el manejo de los residuos sólidos en la ciudad de Medellín desde del Área Metropolitana, el diseño y desarrollo de la agenda ambiental y las mesas ambientales de trabajo. La expedición de algunas normas de prevención, motivación y sanción para la defensa del medio ambiente y el adecuado tratamiento de los residuos. El tratamiento de los residuos sólidos incide en el derecho al medio ambiente y en la calidad de vida de una comunidad en general, y no es un derecho que solo deben reivindicar y pedir su garantía los grupos que viven en el sector del vertedero. Originadas en el análisis de la normatividad nacional e internacional vigente sobre la protección ambiental Nuestra Constitución Política respecto al derecho a un medio ambiente sano propone un modelo de desarrollo sostenible desde diferentes perspectivas: En primera instancia se estipula el deber de protección de los recursos naturales por parte del Estado y de los particulares y se establecen limitaciones al ejercicio de determinados derechos, fundamentalmente los de contenido económico como el de la propiedad. Así mismo, se reconoce dentro de los derechos de tercera generación el derecho colectivo a gozar de un ambiente sano, se establecen mecanismos constitucionales para su protección como las acciones populares, acciones de grupo y acción de cumplimiento y mecanismos de participación ciudadana que sustentan su verdadera protección como el cabildo abierto, las veedurías ciudadanas, entre otros. En cuanto a la legislación nacional sobre el derecho a gozar de un ambiente sano tenemos una amplia gama de decretos y leyes que en la mayoría de los casos, no tienen una aplicación eficaz, quizás por la alta proliferación y por la inexistencia de conciencia acerca de la importancia y valor de la protección ambiental y de la necesidad de vivir inmersos en la cultura del desarrollo sostenible. La normatividad vigente en materia de protección del ambiente, y concretamente la que regula el tratamiento de los residuos sólidos, en muchos casos es desconocida o inaplicada. Esta situación puede originarse por ser muy dispersa y deficientemente estructurada. Además presenta contradicciones en relación con las políticas gubernamentales del manejo integral de residuos sólidos. La legislación vigente no contempla normas imperativas o que tengan como fin estimular la utilización de tecnologías limpias: los avances se limitan a aspectos de buenas intenciones entre gremios de industriales y organismos estatales. (En el caso concreto las mesas y grupos de trabajo que el Área Metropolitana a empezado a liderar con algunos sectores industriales de la ciudad.) No basta con la implementación de normas se requiere desarrollo de políticas y estrategias encaminadas a: minimizar la producción de residuos sólidos en la fuente, implementar tecnologías limpias, desarrollar programas y proyectos para el manejo de residuos sólidos, propiciar la concertación institucional, para conseguir una solución integrada y concertada de la problemática. Con respecto a la separación y reutilización de residuos sólidos, no existe en el productor de residuos la cultura y normativamente aún no hay voluntad para lograrla. Sorprende que actualmente dados los avances tecnológicos, en la ciudad no se haya resulto la reutilización y comercialización algunos residuos no orgánicos como las llantas, o las suelas de zapatos de goma, que son utilizados para la impermeabilización en el fondo de los vasos que reciben los residuos y se quedan ahí enterrados. En lo referente a la normatividad sobre la responsabilidad por daños al medio ambiente en Colombia se puede decir que es amplia y se contempla desde la década de los setenta del siglo XX con la expedición del Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (Ley 23 de 1974). Esta norma, en su artículo 16 implementó el concepto de responsabilidad por daños al medio ambiente. Posteriormente, con la Constitución Política de 1991 se da paso al deber de protección de los recursos naturales por parte del Estado y de los particulares y el establecimiento de limitaciones al ejercicio de derechos de contenido económico como los de la propiedad. Así, la propiedad además de tener una función social tiene un contenido ecológico, el cual, habilita al Estado y a la comunidad en general, para intervenir en su defensa, llegando aún al mecanismo de la expropiación. Esta teoría de la responsabilidad civil es un aporte esencial para la protección y la sostenibilidad ambiental, pues la indemnización de estos daños es un factor esencial en la regulación del mercado, en la medida en que se responsabiliza al contaminador por el daño, ya que quienes contaminan se ven obligados a sufragar los costos relacionados con el daño causado, reducirán sus niveles de contaminación hasta el punto en que el costo marginal de la descontaminación resulte inferior al importe de la indemnización que habrían tenido que abonar. De este modo, el principio de la responsabilidad ambiental hace posible la prevención de los daños y la internalización de los costos ambientales. La normatividad internacional es basada primordialmente en la principialística y en la necesidad de prevenir más que en mitigar. La mayoría de las disposiciones establecen el criterio de que el que contamina debe, en principio, cargar con los costos de la contaminación, teniendo en cuenta el interés general. De esta forma, desde la realización de la primera conferencia ambiental en Estocolmo en 1972, hasta la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible realizada en el año 2000 en Johannesburgo, todas parten de que el hombre tiene el derecho fundamental a un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar y que tanto las autoridades públicas como las entidades privadas, deben propender por el fortalecimiento del desarrollo de los pueblos basados en el mejoramiento de la calidad de vida y la protección del medio ambiente. Relacionadas con la cohesión entre políticas públicas, estrategias de control y cultura ciudadana. En las conferencias internacionales descritas en el párrafo anterior se intercambian conocimientos entre los diferentes Estados, se han compartido experiencias y responsabilidades, se han promulgado leyes sobre medio ambiente, promocionado estrategias para acceder a la educación ambiental y fomentar la sensibilización y la participación de la población en la toma de decisiones que se relacionen con el tema. Sin embargo, y a pesar de estas reglamentaciones, en nuestro país se vulnera permanentemente el derecho colectivo a un ambiente sano, pues las autoridades y los particulares en general hacen caso omiso de ellas debido a que estas no se encuentran suficientemente desarrolladas y a que en la mayoría de los casos, es imposible reparar el bien afectado.. Cuando ocurre un daño ambiental se genera el interrogante de saber cómo debe ser reparado, se debe entonces partir del supuesto de que la reparación de este tipo de daño debe buscarse mediante la restauración del bien ambiental y no mediante el equivalente en dinero, pues el dinero no se puede dar para cambiar un bien por otro, sino que obligatoriamente se tiene que invertir en la reparación del ecosistema. Este dinero como posiblemente ocurrió entre las comunidades cercanas al proyecto, y de acuerdo con la información suministrada por la comunidad, termina en manos de unos cuantos y el deterioro ambiental persiste. De esta forma, no sólo no se soluciona el problema principal, sino que se genera un segundo problema motivo de discordia y desinterés entre las comunidades. El relleno sanitario propuesto en los años ochenta y posteriormente ejecutado desde el año de 1984, suponía la existencia previa de la cultura de separación en la fuente y del reciclaje. Esta estrategia de manejo de residuos sólidos fue determinada por el ejecutivo municipal sin la educación requerida a la comunidad y sin la concertación con aquellos que en su momento eran los habitantes del sector. Con el cierre del Relleno Sanitario Curva de Rodas y la apertura desde el 6 de junio de 2003 del Parque Ambiental la Pradera, ocurrió un desplazamiento espacial del problema, así no sólo no se resolverá el daño al medio ambiente sufrido por los habitantes cercanos a rodas sino que se sumarán nuevas comunidades afectadas; las ubicadas en el área de influencia del Parque Ambiental la pradera. Del estudio de los hechos en este caso puede establecerse que la comunidad ha afrontado la defensa de un derecho que es de todos "el medio ambiente", afectado por la falta de madurez, coherencia y claridad en políticas públicas acerca del tratamiento de residuos, solo cuando cada uno de ellos ha sufrido un daño que considera individual y directo. Los derechos colectivos han aparecido en las demandas de la comunidad, como "telón de fondo" a la reivindicación de otros derechos considerados fundamentales como: la salud, la vida y la propiedad; lo que hace concluir, que la defensa de lo colectivo pasa a ser una discusión más de carácter persuasivo y retórico que real y fundante, de una verdadera pretensión de cambio del estado actual de cosas (mal tratamiento de las basuras y daños al medio ambiente. En las acciones judiciales interpuestas se utiliza como argumento retórico "la defensa del medio ambiente" pero este derecho no aparece citado como argumento prioritario para cambiar la situación actual de falta de políticas públicas en torno al tema de las basuras. El tratamiento de las basuras no es una decisión que solo afecta a los vecinos de un vertedero, relleno o parque ambiental, es una decisión que afecta a todos los habitantes de la ciudad, y que tiene repercusiones en el ambiente global. No puede perderse de vista el espacio de oportunidades que este tipo de proyectos, la construcción de obras de interés público, comporta, así como el volumen de recursos que involucra y la potencialidad de impacto tanto ambiental como social, así que los temas de moralidad administrativa cobran aquí también el mayor interés. Recomendaciones La solución para la disposición final de las basuras compete a todos los miembros de la sociedad, que de una u otra manera son la fuente del problema. Por tal motivo, es a todos a quienes nos corresponde aportar con miras a la construcción de un orden que corresponda a la visión de futuro deseado, en correspondencia con los retos que impone el desarrollo sostenible, la concertación y participación comunitaria. A continuación se presentan algunas alternativas concretas que si bien no solucionarán el problema, lo disminuirán notablemente.

A. Autoridades:  

1. Elaborar y diseñar integralmente las mejores soluciones al problema de las basuras para cada una de las comunidades, recurriendo a las firmas especializadas que estén en capacidad de diseñar y operar los diferentes proyectos requeridos. 
2. Financiar la totalidad de cada uno de los proyectos a ejecutarse, sin omitir ningún aspecto para garantizar el funcionamiento integral de los mismos. Deberán tenerse en cuenta todos los costos del proyecto ya que si se eliminan políticamente algunos costos los resultados serán nefastos y se reflejarán en afectaciones desiguales para determinados sectores sociales. 
3. Distribuir equitativamente entre todos los sectores de la sociedad el costo de los proyectos integrales de disposición final de las basuras, teniendo en cuenta que absolutamente todos los sectores deben contribuir económicamente a la solución del problema, ya que todos son generadores del mismo. Deberán establecerse escalas de contribución equitativas. Así como incentivos claros y verdaderamente aplicables para las instituciones o personas que contribuyan con la solución del problema. 
4. Mantener la disciplina social en todo lo relacionado con la afectación al medio ambiente y al problema de las basuras, articulando todos los planes de ordenamiento territorial, el otorgamiento de licencias de construcción, licencias ambientales, licencias de funcionamiento y todo tipo de permisos dentro de una política definida al respecto y exigiendo su cumplimiento estricto por parte de las comunidades. 
5. Diseñar programas masivos y permanentes de educación respecto al manejo de las basuras y divulgación de las políticas adoptadas al respecto. 
6. Permitir la participación de las comunidades afectadas con un proyecto específico brindándoles toda la información y escuchando sus puntos de vista pero sin caer en falsos paternalismos u oportunismos

B. Las comunidades

1. Tomar conciencia de que el problema del cuidado del ambiente y de la disposición final de las basuras es un problema que atañe a toda la sociedad. 
2. Analizar serenamente los impactos reales que un proyecto de este tipo pueda generar en un caso específico, para evitar oportunismos no justificables. 
3. Participar activamente mediante los mecanismos que brinda la Constitución cuando se vea lesionada con un proyecto específico. 
4. Informarse adecuadamente de todos los antecedentes de un proyecto antes de tomar una posición definida ante el mismo. 
5. Contribuir decididamente a las campañas de divulgación y educación ambiental. Todo lo anterior implica que tanto las autoridades como las comunidades afectadas se despojen de todo interés mezquino de lucro indebido en este tipo de proyectos y se inicien unas verdaderas campañas de educación a todos los niveles de las mejores prácticas respecto a la problemática de las basuras así como a los mecanismos de participación y de reclamación de los derechos que contempla la Constitución e instrumentos jurídicos internacionales respecto a la protección de la salud pública y el medio ambiente. La posible respuesta al problema tendrá su origen en la cohesión que logremos construir entre los habitantes de la ciudad y la administración a partir de establecer coherencia entre: Políticas públicas, sistemas y órganos de control, prestación eficiente del servicio público de aseo y saneamiento básico y cultura ciudadana.

ENLACES

 

· Corantioquia: www.corantioquia.gov.co  
· Defensoría del Pueblo: www.defensoria.org.co  
· Procuraduría General de la Nación: www.procuraduria.gov.co  
· Area Metropolitana: www.metropol.gov.co  
· Ministerio del Medio Ambiente: www.minambiente.gov.co  
· Asociación de corporaciones autónomas regionales: www.asocars.org.co  
· Departamento de Desarrollo Sostenible del Banco Interamericano de Desarrollo: www.ladb.org · · · · ·Unidades para el desarrollo colombiano: www.pnud.org.co  
· Fondo Mundial para la naturaleza en colombia: www.wwf.org.co  
· Empresas Varias de Medellín. www.eevm.com.co